Oaxaca: Volver al futuro

Publicado por la revista mexicana Emeequis el 22 de octubre

Hace 29 años, el gobernador priista Manuel Zárate Aquino llevó a la entidad a una descomposición social y política que dejó un saldo de por lo menos cien muertos, tras un conflicto con sectores magisteriales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
En este 2006, el gobernador priista Ulises Ruiz ha sembrado una situación paralela, con un saldo, hasta el momento, de diez personas muertas en los poco más de cinco meses que lleva el conflicto con sectores del magisterio y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca.
En aquella época, el PRI mantuvo el control en todos los poderes y esferas gubernamentales y los presidentes Echeverría y López Portillo dejaron que el conflicto creciera durante meses.
Hoy, el gobierno del presidente Fox se mantuvo sin acción para resolver el conflicto durante meses.
En 1975 se gestó un conflicto por la disputa del control de la UABJO, el problema creció por la falta de solución a las demandas de los estudiantes. Ante la represión policiaca, organizaciones civiles, indígenas y campesinas respaldaron el movimiento estudiantil.
Marchas, movilizaciones, plantones se registraron en diversas partes de la entidad, a lo que el mandatario estatal respondió con la fuerza pública, lo que dejó decenas de muertos y heridos en las calles. El problema político-social se extendió hasta 1977.
Cuando al gobernador priista se le cuestionaba sobre el saldo de muertos que habían dejado los desalojos violentos implementados por la policía estatal para frenar la revuelta social, respondió “Pongan 80 o cien. A estas alturas es como si estuviera en un partido de futbol. Me da igual perder uno a cero que cinco a cero”.
En el caso actual de Oaxaca, el problema se originó por la retabulación del salario magisterial, pero ante el intento de desalojo violento por parte del gobierno de Ulises Ruiz, otros sectores populares se sumaron a la revuelta.
En aquel tiempo una comisión del Senado viajó a Oaxaca para verificar la situación que se vivía en esa entidad, pero el presidente de la República se adelantó a la resolución de los legisladores y ordenó la intervención del ejército mexicano.
Las tropas tomaron el control de las calles sin disparar. La Secretaría de Gobernación era dirigida por Jesús Reyes Heroles y Fernando Gutiérrez Barrios fungía como subsecretario de Seguridad Nacional.
Los empresarios oaxaqueños pedían el desalojo de los manifestantes que se agruparon en el Frente Popular contra la Represión, y mantener al gobernador Manuel Zárate Aquino. Y la Iglesia católica, a través del arzobispo Bartolomé Carrasco, reprochaba a las autoridades su incapacidad al haber sido rebasados por un conflicto universitario que fue manipulado por otros intereses.
Pasaron cerca de tres décadas y en las calles de la capital oaxaqueña se vive el mismo conflicto. Una comisión senatorial viajó al estado, pero terminó por considerar que si bien había ingobernabilidad, no tenía las facultades para decretar la desaparición de poderes.
Mientras tanto, maestros, estudiantes, campesinos, organizaciones sociales y civiles mantienen tomadas las calles y las principales plazas donde colocaron barricadas para protegerse de cualquier ataque de las fuerzas policiacas y militares.
El gobierno panista, a través del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, busca una salida negociada con los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y con la sección 22 del sindicato magisterial. Y arremete contra el mandatario priista: “La autoridad local no ha tenido la capacidad de controlar la paz, el orden, la seguridad y por eso está sucediendo lo que está sucediendo”.
A más de cinco meses de que inició el conflicto por una demanda magisterial, no hay una salida política. Más de diez personas han sido asesinadas, la APPO mantiene el control de la capital oaxaqueña. Hombres armados con palos, tubos y piedras recorren escuelas, oficinas públicas para desalojarlas y no permitir labores.
Los actores y el escenario parecieran ser los mismos.
Los empresarios respaldando al gobernador Ulises Ruiz y pidiendo la intervención de las fuerzas armadas para desalojar a los inconformes y la Iglesia católica, en voz del arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, preocupada porque los hechos de violencia han contaminado aún más el ambiente.
“Hasta el momento, ninguno de los actores principales ha reconocido sus errores ni se ha disculpado ante la sociedad”.
Por su parte, el actor principal de este conflicto, Ulises Ruiz, reparte culpas y responsabiliza al gobierno de Vicente Fox del problema por no solucionar a tiempo las demandas del magisterio. “Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que cumplir con la obligación que tenemos y que nos confirieron los ciudadanos”.
El mandatario priista reprochó al gobierno panista no haber actuado cuando el Congreso local solicitó la intervención de las fuerzas federales para restablecer el orden.
Y para ello el gobierno federal alista armas.
Fox sostuvo un encuentro con su gabinete de seguridad para delinear una salida al conflicto oaxaqueño que se inició el 22 de mayo y que se endureció el 14 de junio cuando la policía estatal fracaso en el intento de desalojar por la fuerza a los maestros paristas.
En la reunión participaron los Secretarios de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega; de Marina, Marco Antonio Peyrot; de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; de Gobernación, Carlos Abascal y el director general del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón.
En Oaxaca, como hace tres décadas, se espera una salida militar.

Capital de Colombia ¨sin Hambre¨

"Bogotá sin Hambre" es un programa que impulsa el alcalde de la capital de Colombia, Luis Eduardo Garzón, cuenta con apoyo de la cooperación
española por medio del gobierno de La Rioja y la asociación Labor.

El director del Centro Educativo Nacional y de Asesorías Socioeconómicas y Laborales (Cenasel), Nelson Cifuentes, explicó que Labor propugna por mejorar el nivel de vida de los sectores más pobres de Bogotá, que tiene más de siete millones de habitantes, 55 por ciento de ellos por debajo de la línea de pobreza.

Para el representante de Cenasel, entidad que participa en el programa, la asociación asturiana, con este tipo de apoyo, busca desarrollar la capacidad y autonomía de países y regiones beneficiarios, reforzando estructuras productivas y formando talento humano".

El programa "Bogotá sin Hambre" es considerado por los organismos de cooperación internacional como una forma de contribuir a la erradicación de la pobreza en este país sudamericano.

Durante la administración del alcalde Garzón se han inaugurado 227 comedores en los barrios populares de Bogotá, los cuales atienden cerca de 60 mil personas de los estratos sociales bajos que pagan 13 centavos de dólar por cada almuerzo.

Los comedores atienden de manera prioritaria a niños y niñas que no asisten al colegio o que trabajan, además de mujeres embarazadas y madres lactantes, adultos mayores, personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas y desplazados.

Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, al menos 164 mil hogares dejan de comer alguno de los tres alimentos diarios, mientras que un 40 por ciento de los niños pobres y menores de siete años tienen desnutrición crónica.